El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado este martes su satisfacción tras conocer que el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite por unanimidad el recurso de las Cortes de Aragón contra la Ley Orgánica 1/2024, que establece una amnistía para las instituciones , normalización política y social de Cataluña. Azcón afirmó que esta decisión del TC es un paso importante para garantizar «el respeto al Estado de derecho» y demostrar que la ley es inconstitucional, como han señalado numerosos abogados de todo el país.
El recurso de Aragón es el primero de los 15 interpuestos contra esta ley por los gobiernos y parlamentos de las distintas comunidades autónomas. Según Azcón, la aceptación del recurso refleja que «la defensa de la Constitución prevalece sobre cualquier otro interés», y destacó el papel de Aragón a la hora de liderar esta lucha jurídica contra una norma que, a su juicio, contradice los principios fundamentales de la Constitución. .
Un paso significativo en la defensa de la Constitución
Azcón destacó que la decisión del TC es «una buena noticia» para los aragoneses, que, según él, representan a las Cortes aragonesas en esta acción. Para el presidente regional, la ley de amnistía es «injusta» y contraria a la Constitución, porque busca normalizar situaciones que, desde su punto de vista, no pueden estar por encima del marco legal del país.
El dirigente aragonés señaló que la decisión unánime del TC al acoger el recurso es un claro indicio de que existen dudas fundadas sobre la constitucionalidad de la norma. «Este auto del Tribunal Constitucional da y quita razones», ha afirmado Azcón, que considera la aceptación del recurso un triunfo para los aragoneses y para todos los que defienden la legalidad y el Estado de derecho.
Consenso político en Aragón contra la ley de amnistía
El recurso al TC fue apoyado por una amplia mayoría en las Cortes de Aragón, incluidos los partidos PP, VOX, Teruel Existen y PAR. Azcón señaló que este consenso político refleja el rechazo generalizado a la ley, que considera lesiva para la democracia y el equilibrio constitucional del país. Según explicó, esa norma no sólo es injusta, sino que abre la puerta a concesiones políticas que, a su juicio, atentan contra la integridad del Estado.
El presidente aragonés no ha dudado en criticar al Gobierno central y al presidente Pedro Sánchez, acusándolos de utilizar la ley de amnistía como herramienta para alcanzar acuerdos políticos a cambio de votos en el Congreso. Según Azcón, «el mundo entero sabe que la amnistía es un intercambio de favores políticos por sillones» y que con esta ley el Gobierno privilegia a partidos catalanes que están fuera del marco legal y que vulneran los principios de la Constitución. .
Apoyo de la comunidad jurídica
Azcón aseguró que la «gran mayoría» de los expertos en derecho constitucional en España cree que la ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Según el presidente de Aragón, esa opinión es compartida incluso por destacados miembros del Partido Socialista, y en su momento por el propio Pedro Sánchez, que también reconocería dudas sobre la constitucionalidad de normas de este tipo.
En sus declaraciones, Azcón destacó que el recurso presentado por las Cortes de Aragón refleja el compromiso de la comunidad con la defensa de la legalidad y de la Constitución. «Es un placer que el pueblo de Aragón lidere la defensa del Estado de derecho», dijo, señalando que la ley no sólo es injusta, sino que también representa una transferencia de poder que compromete los valores democráticos del país.
Críticas al gobierno central y la ley de amnistía
El presidente aragonés se mostró especialmente crítico con el presidente Pedro Sánchez, al que acusó de «abuso de poder» y de complacer a los partidos catalanes para garantizarle apoyo político en el Congreso. Azcón insistió en que la amnistía es una medida que no respeta el marco constitucional y que atenta contra la integridad del Estado. Según el dirigente regional, esta ley es un claro ejemplo de cómo el Gobierno central está dispuesto a hacer concesiones que comprometan la legalidad para mantenerse en el poder.
En este contexto, Azcón reafirmó su compromiso con los valores democráticos y la defensa de la Constitución, asegurando que Aragón seguirá liderando la lucha contra esta ley. Para el presidente, la denuncia de TK es una señal de que la comunidad autónoma está comprometida con la protección de los intereses de todos los ciudadanos y la preservación del Estado de derecho.
Un llamado a la unidad en defensa del Estado de derecho
En sus declaraciones, Azcón llamó a la ciudadanía y a las instituciones a mantenerse firmes en la defensa de la Constitución y los valores democráticos. Según el presidente aragonés, la aceptación del recurso por parte del TC es sólo el primer paso en la batalla legal que busca garantizar que la ley de amnistía sea declarada inconstitucional y que se respete el marco legal del país.
El dirigente regional destacó que la lucha contra la ley de amnistía no es sólo una cuestión política, sino un compromiso con los principios fundamentales que sustentan la democracia en España. Para Azcón, el apoyo de la comunidad jurídica y el consenso político en Aragón son una prueba de que esta lucha cuenta con un amplio apoyo y de que es posible defender los valores democráticos frente a las concesiones políticas.
El futuro de la ley de amnistía en manos del TC
Al aceptar el recurso, será el Tribunal Constitucional quien finalmente decida sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Aunque el proceso judicial puede tardar algún tiempo, la decisión del TC será crucial para definir el futuro de esta norma y su impacto en el entorno político del país. Para Azcón, la unanimidad del tribunal al aceptar el recurso es una señal positiva que fortalece las esperanzas de que la ley sea declarada inconstitucional.
Mientras tanto, el presidente de Aragón reafirmó su compromiso con la defensa de la constitución y la lucha por una democracia sólida y respetuosa del Estado de derecho. Según Azcón, los aragoneses pueden estar orgullosos de estar al frente de esta batalla jurídica, que busca garantizar que los principios fundamentales de la democracia prevalezcan sobre los intereses políticos.
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